La cuestión más controvertida reside en determinar qué ocurre con los efectos producidos durante el periodo en que el decreto estuvo vigente. La Constitución Española establece que los reales decretos-leyes tienen eficacia inmediata desde su publicación, pero si el Congreso no los convalida quedan derogados. El problema aparece al analizar si esa derogación elimina también los efectos ya producidos o únicamente impide que la norma siga desplegando efectos hacia el futuro.

La doctrina constitucional ha venido defendiendo tradicionalmente que la derogación de un decreto-ley no implica automáticamente la desaparición de las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia. No obstante, el Tribunal Constitucional no ha fijado todavía un criterio específico respecto a medidas arrendaticias como las previstas en el RDL 8/2026, lo que ha dado lugar a interpretaciones divergentes entre juristas y tribunales.

Una parte de la doctrina considera que las solicitudes de prórroga realizadas válidamente durante la vigencia del decreto generan derechos plenamente eficaces y, por tanto, deben mantenerse pese a la derogación posterior de la norma. Según esta interpretación, el arrendatario habría consolidado su derecho en el momento de ejercitar la facultad reconocida legalmente. Otra corriente, más restrictiva, sostiene que únicamente quedarían protegidas aquellas prórrogas cuya efectividad se hubiera iniciado antes de la derogación del decreto. Finalmente, existe una tercera postura que entiende que la no convalidación elimina cualquier efecto futuro de la norma, incluso aunque la solicitud de prórroga se hubiera comunicado correctamente durante su vigencia.

En situaciones de pluriactividad, donde el trabajador desarrolla actividades laborales en más de un régimen, pueden surgir escenarios complejos en materia de incapacidad permanente.

La normativa permite, en determinados casos, el reconocimiento de prestaciones compatibles cuando concurren circunstancias específicas, como la existencia de cotizaciones en distintos regímenes durante un periodo mínimo y el cumplimiento individualizado de los requisitos de acceso en cada uno de ellos. En todo caso, no resulta posible acumular cotizaciones de distintos regímenes para generar un único derecho si no se cumplen las condiciones exigidas de forma separada.

Las navajas que sí se pueden portar serían las que no son automáticas y que su hoja es menor a 11 centímetros. Es decir, las que no se abren al presionar un botón si no que es necesario usar las dos manos para poder abrirla por tener la navaja una especie de seguro y ser necesario abrir la hoja con la mano.

Por supuesto que la navaja que se abra de manera automática al pulsar un botón por ejemplo y no es necesario usar las dos manos para abrir la hoja manualmente, está totalmente prohibida, salvo algunas excepciones como los museos, coleccionistas o ciertos organismos.

Para poder obtener este permiso de residencia que va a tener una vigencia inicial de un año, es necesario haber estado residiendo en territorio español durante cinco meses ininterrumpidamente. Además de ser esos cinco meses completos la persona solicitante debe haber residido en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.

Y acreditar la inexistencia de antecedentes penales. Se concede también la posibilidad de solicitar este permiso de residencia a los extranjeros que hubieses solicitado protección internacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. A día de hoy no se ha aprobado aún el texto normativo por lo que habrá que esperar a su aprobación y publicación en el BOE para poder confirmar los requisitos que se van a pedir y los plazos para su solicitud.