La normativa indica que solo se podrá adoptar a un menor no emancipado, así que habrá situaciones en las que un menor de edad no puede ser adoptado, como es el hecho de estar emancipado.

Aunque se aplica aquí una excepción, se trata de los casos en que el mayor de edad o menor emancipado haya estado en una situación de acogida con las personas que van a adoptarle. Como situaciones en las que no se permite adoptar nos encontramos también con la adopción de un descendiente, que no es posible. O, por ejemplo, a un pariente de segundo grado de la línea colateral, es decir, no se puede adoptar a un hermano o hermana.

Las ventajas más conocidas y las más útiles quizá son las solicitudes de ayudas sociales, plazas en centros escolares, también a la hora de matricular un vehículo y abonar el impuesto de circulación. Incluso puede conllevar el acceso a aparcamientos en ciertas zonas más económicos.

También existirán ventajas dependiendo del municipio de que se trate, por ejemplo, en Granada se ha puesto a disposición de los empadronados en la ciudad Forfaits para esquiar en Sierra Nevada más económicos en alguna temporada. Dependerá del municipio los beneficios que se pueden obtener al estar empadronado en su territorio.

Cuando el inquilino niega el acceso o evita sistemáticamente que los técnicos realicen las reparaciones, se generan varias consecuencias jurídicas de consideración. En primer lugar, puede considerarse un incumplimiento grave del contrato. La jurisprudencia ha reiterado que impedir que el arrendador cumpla con su obligación de conservación constituye un obstáculo ilegítimo y contrario al contenido esencial del arrendamiento.

En segundo lugar, dicha falta de colaboración puede servir de base para que el propietario solicite la resolución del contrato de arrendamiento. Esto significa que el arrendamiento puede extinguirse judicialmente, permitiendo al arrendador recuperar la posesión del inmueble antes de la fecha prevista. En tercer lugar, si el bloqueo del inquilino provoca que los daños se agraven —por ejemplo, una humedad que se extiende, una instalación eléctrica deteriorada o una avería que genera más costos—, el arrendatario puede ser condenado a asumir los daños y perjuicios generados por su conducta.

Cuando el inquilino niega el acceso o evita sistemáticamente que los técnicos realicen las reparaciones, se generan varias consecuencias jurídicas de consideración. En primer lugar, puede considerarse un incumplimiento grave del contrato. La jurisprudencia ha reiterado que impedir que el arrendador cumpla con su obligación de conservación constituye un obstáculo ilegítimo y contrario al contenido esencial del arrendamiento.

En segundo lugar, dicha falta de colaboración puede servir de base para que el propietario solicite la resolución del contrato de arrendamiento. Esto significa que el arrendamiento puede extinguirse judicialmente, permitiendo al arrendador recuperar la posesión del inmueble antes de la fecha prevista. En tercer lugar, si el bloqueo del inquilino provoca que los daños se agraven —por ejemplo, una humedad que se extiende, una instalación eléctrica deteriorada o una avería que genera más costos—, el arrendatario puede ser condenado a asumir los daños y perjuicios generados por su conducta.

Cuando se trata de radar fijo si está claro que debe existir una señalización de ese radar. Por lo que si no existe el anuncio debido de que a unos metros hay un radar que controla la velocidad indicando el límite establecido.

Esta obligación proviene de la ley vigente por lo que si un radar fijo no está señalizado debidamente y capta la imagen de un vehículo que ha superado la velocidad permitida, se podrá recurrir la multa correspondiente y esta deberá ser anulada.

Pero ¿qué pasa con los radares móviles?, en estos casos ya no está tan claro según la normativa. No existe una regulación sobre la obligatoriedad de anunciar un radar móvil. En los casos de una multa por exceso de velocidad en los que se ha captado la imagen del vehículo infractor por un radar móvil, habrá que estudiar cada caso concreto.

Ver si existe algún otro motivo por el que pueda solicitar su anulación o valorar si en el caso concreto no estaba bien señalizado el límite de velocidad o si realmente no existió la infracción sancionada.

En resumen, en caso de ser multado por exceso de velocidad y el conductor duda o está seguro de que no cometió dicha infracción, será bueno buscar todas las pruebas que puedan acreditar que no cometió la infracción. Y también se recomienda estudiar si existe algún motivo por el que se pueda anular la sanción al haber error de la autoridad e interponer el recurso correspondiente.