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Responsabilidad civil derivada de un delito en España
Responsabilidad civil en delitos cometidos en España
La responsabilidad civil no surge solo dentro de un conflicto civil, como puede ser un accidente de tráfico, una mordedura de perro, una caída de maceta, una negligencia médica o una caída en una vía pública entre otros. La obligación de abonar una indemnización a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil también surge a la hora de cometer ciertos delitos.
¿Todos los delitos conllevan una responsabilidad civil para su autor?
No toda comisión de un delito conlleva ser responsable civilmente a la misma vez. El propio Código Penal regula esta responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, disponiendo que solo habrá responsabilidad civil cuando haya daños o perjuicios consecuencia de los hechos.
En los casos en que existan tanto daños personales como perjuicios materiales, será responsable de ello quien se determine que es responsable del delito.
Como por ejemplo en un supuesto de una pelea entre tres personas, resulta que dos personas han sido denunciadas por una tercera persona, por haberle causado unas lesiones al pegarle patadas al salir de una discoteca en horario nocturno por ejemplo.
Si tras la denuncia, el procedimiento judicial y la celebración del juicio o la conformidad alcanzada se dicta sentencia condenando a las dos personas como autores de un delito de lesiones, también serán responsables civilmente.
¿Qué conlleva la condena como responsables civiles al cometer un delito?
El ser condenado a la responsabilidad civil significa que el condenado o condenados deberán abonar una indemnización a la víctima perjudicada. Esa indemnización se valorará aplicando el baremo que dispone la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor como baremo orientativo.
Quiere esto decir que para valorar qué indemnización corresponde a un perjudicado que ha resultado lesionado por unas patadas como en el ejemplo anterior se pueden orientar tanto los abogados del perjudicado como el juez en ese baremo para el cálculo de la indemnización. Una vez valorado el daño se conoce la indemnización que ha de ser abonada por el condenado a favor del perjudicado.
¿Cómo obtiene el perjudicado el pago de esa indemnización por los daños causados?
En el orden jurisdiccional penal, es decir en un procedimiento penal ante los juzgados de lo penal o de instrucción por ejemplo, será el propio tribunal el que abra la ejecutoria, es decir, será el tribunal el que iniciará el procedimiento para que el condenado abone la indemnización. En los supuestos en que el condenado resultara que no dispone de patrimonio ni de ingresos con los que pueda hacer frente a esa indemnización, existen otros responsables civiles subsidiarios.
¿Quiénes son esos responsables civiles subsidiarios?
Dependiendo de cada caso concreto puede resultar que haya otras personas civilmente responsables a las que acudir para que abonen la indemnización a la que ha sido condenado el autor del delito.
Serán responsables civiles subsidiarios los curadores del responsable en determinados supuestos y cumpliendo ciertos requisitos. También lo serán los empresarios respondiendo por sus empleados siempre que se cumplan los requisitos previstos para ello, o incluso también las Administraciones Públicas por actuaciones de los funcionarios con ciertos requisitos también.
Para una buena defensa del perjudicado se aconseja estar bien asesorado y defendido por profesionales en la materia a la hora de dirigirse contra los posibles responsables solidarios y que los perjudicados no vean escapar las opciones de poder obtener la indemnización correspondiente.
¿Puede el perjudicado ejercitar su acción contra el autor del delito en otro procedimiento independiente?
Así es, el Código Penal faculta al perjudicado a que pueda exigir la responsabilidad civil dentro del mismo procedimiento penal, ante el juzgado del orden penal. O puede el perjudicado reclamar la responsabilidad civil ante un tribunal del orden civil, es decir, lo que se conoce como reserva de acciones civiles.
Esta elección puede repercutir en el resultado final, pues en ocasiones resultará más beneficioso para el perjudicado que sea un juez del orden civil el que resuelva el conflicto en relación con la indemnización que corresponda, en lugar de un juez de orden penal. La diferencia cada vez es menos notoria, pero si es cierto que algunos tribunales del orden penal no están tan familiarizados con la normativa que se debe aplicar en temas de responsabilidad civil.
La decisión de reservarse acciones civiles o que se resuelvan en el mismo procedimiento penal se debe tomar junto con el asesoramiento de un abogado experto en la materia que pueda estudiar el caso concreto y ver qué opción podría ser más beneficiosa para el perjudicado.
¿Prescribe la responsabilidad civil derivada de una condena penal firme?
El Tribunal Supremo en el año 2020 cambió su criterio en relación a la prescripción de esta acción de reclamar la indemnización por responsabilidad civil por parte de un perjudicado en un procedimiento penal.
Hasta esta sentencia el Tribunal Supremo seguía un criterio por el que entendía prescrita la acción para reclamar la indemnización que por responsabilidad civil había sido condenado un autor de un delito, cuando una ejecutoria penal se encontrara paralizada durante 15 años.
Pero el criterio actual es el de entender que cuando una ejecutoria se ha abierto ya no prescribe ni caduca hasta que se terminen de cumplir todos los pronunciamientos en ella. Es decir, que si un condenado a abonar una indemnización a una familia por haber incendiado un edificio no dispone de patrimonio suficiente para abonarla, no prescribirá la acción que tienen los perjudicados de reclamar.
Por lo que si pasados unos años el condenado viene a mejor fortuna por cualquier razón, los perjudicados podrán reclamar el abono de la indemnización sin importar el tiempo que haya transcurrido.
En resumen, a la hora de reclamar una indemnización por responsabilidad civil por daños en la comisión de un delito habrá que estudiar detenidamente todas las circunstancias que rodean al caso. De esta manera se podrá establecer una buena estrategia por parte de los abogados en favor de los perjudicados, tanto si se discute dentro de un procedimiento penal como de un procedimiento civil con las particularidades de cada jurisdicción y de cada caso concreto.
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