• Atenuante de dilaciones indebidas en los procedimientos penales: el artículo 21.6 del Código penal nos viene a decir que, un acusado puede ver reducida su pena en el caso de que el proceso se hubiese prolongado durante años sin ningún tipo de justificación. En el caso de que la atenuante fuese clamorosa, se podría aplicar incluso como atenuante muy cualificada, con reducciones aún mayores.
  
  Esta atenuante se aplica siempre que la demora no fuese imputable al acusado y responde al derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas. En la práctica, el reconocimiento de esta atenuante ha supuesto rebajas bastante significativas de condena, incluso en el caso de delitos graves, generando gran polémica social.

• Pérdidas de derechos procesales en lo civil, debido a que la falta de efectividad en los tribunales genera una gran pérdida de oportunidades a la hora de proponer pruebas o citar a testigos, al igual que puede ocurrir que se llegue al archivo de la causa, por caducidad en la instancia, e incluso situaciones de indefensión al no poder contestar a notificaciones en tiempo y forma.
  
  
• Perjuicios económicos e incremento en costes: cada mes que trascurre con retraso genera bastantes gastos, siendo entre ellos los honorarios de los abogados, informes periciales que se repiten, tasas judiciales… además, en el caso de que una sentencia final impusiese indemnizaciones, el tiempo influye de forma directa, debido a que los intereses de demora serían mas altos, se produciría un agravamiento de daños morales o, incluso la pérdida de valor de bienes reclamados.
• La responsabilidad del estado: en el caso de que la falta de efectividad judicial fuese injustificada, puede abrirse la vía de la responsabilidad patrimonial del estado. Se han reconocido indemnizaciones a víctimas por demoras excesivas que alteraron la eficacia y el sentido de los procesos judiciales.

Si aparece en la nota simple o en cualquier certificado que se ha conseguido para obtener información sobre el inmueble, alguna limitación o afección urbanística se debe estudiar detenidamente para evitar problemas futuros.

Por ejemplo, consultar la calificación del suelo si lo que se adquiere es una finca sin edificar y se pretende edificar por el nuevo propietario. En este supuesto será imprescindible averiguar si está permitido el uso que se le pretenda dar al inmueble, ya sea residencial, industrial, etc.

Como también será importante para quien adquiera el inmueble si la vivienda está calificada como de protección oficial o si esa calificación ya no se encuentra en vigor.

La fijación de la pensión en custodia compartida se resuelve caso por caso. Los jueces valoran no solo los ingresos de los progenitores, sino también las cargas económicas que soportan, la existencia de deudas, el número de hijos y las necesidades concretas de estos. En ocasiones, se opta por un sistema mixto en el que se reparten directamente algunos gastos —como el colegio, la sanidad o las actividades extraescolares— mientras que otros se cubren a través de una pensión periódica.

También es relevante la titularidad de la vivienda familiar. Cuando uno de los progenitores continúa residiendo en ella junto a los menores, este beneficio puede tenerse en cuenta al ponderar la cuantía de la pensión, ya que constituye una ventaja económica indirecta que incide en el reparto de cargas.

Por lo tanto, la custodia compartida no debe entenderse como un régimen que extingue la pensión de alimentos, sino como un marco flexible que busca equilibrar las cargas parentales en función de las circunstancias de cada familia, por lo que es fundamental contar con un asesoramiento de un despacho de abogados experto en derecho de familia. La jurisprudencia española se orienta hacia un análisis casuístico que prioriza el interés de los menores frente a los derechos de los progenitores, garantizando así que la corresponsabilidad se traduzca en estabilidad económica y afectiva.