En nuestro Código Penal se prevén diferentes penas para los que provoquen un incendio intencionadamente. Se castiga a quien provoque un incendio forestal con una pena de hasta cinco años de prisión, puede no parecer una pena muy gravosa a la vista del gran daño que se causa.

Pero la normativa agrava la pena cuando además haya existido peligro para la vida o integridad física de las personas, alcanzando la posible pena a los veinte años de prisión. Nuestra ley prevé que el mínimo por el que se debe condenar a un responsable de un incendio de estas características es de diez años, es decir, un mínimo bastante alto lo que puede conllevar que si se prueba fehacientemente que la persona acusada ha causado intencionadamente el incendio, difícilmente se va a librar de una condena de unos años de prisión.

En los casos especiales de incendios forestales, en los que no ha habido riesgo para la vida o integridad física de las personas, también existe una agravante en nuestro Código Penal. Esta agravante aparece cuando se alteren lasa condiciones de vida animal o vegetal por ejemplo, cuando afecta a zonas próximas a núcleos de población, o incluso cuando el incendio ha sido provocado en un momento en que las condiciones climatológicas incrementen el riesgo de propagación.

Esto podría darse si se provoca el incendio en los días de más calor, o con una previsión de viento bastante importante. En estos casos la pena que se podría imponer al responsable del incendio irá desde los tres años de prisión a los seis años.

El artículo 241 bis LSC establece la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los socios que, actuando de forma dolosa o abusiva, causen un daño directo a la sociedad, a otros socios o a terceros. Esta previsión se introdujo en la reforma de la LSC de 2014, con el objetivo de evitar que los socios mayoritarios, o incluso minoritarios con capacidad de bloqueo, puedan actuar en perjuicio de la sociedad escudándose en su posición de control.

El precepto exige dos elementos esenciales. En primer lugar, una conducta dolosa o abusiva del socio, es decir, no basta la simple negligencia, se requiere que el socio haya actuado con mala fe, abuso de derecho o en fraude de ley, aprovechándose de su posición para causar un daño.

Y, por otro lado, un daño directo al patrimonio social o a los intereses de la sociedad, el perjuicio debe ser inmediato y no meramente reflejo de un daño al patrimonio de otro socio.

A diferencia de la responsabilidad de los administradores (art. 236 y ss. LSC), que es de carácter objetivo en determinados supuestos, la responsabilidad de los socios bajo el art. 241 bis es eminentemente subjetiva y requiere probar la intencionalidad en la conducta lesiva.