- Lunes - Viernes 09:00 - 17:00
- (+34) 621 048 968
- info@emeybeabogados.es
Contratación de servicios electrónicos: protección jurídica
La protección jurídica del consumidor en la contratación electrónica
El comercio electrónico ha revolucionado las relaciones de consumo, ofreciendo a los usuarios comodidad, rapidez y acceso global a productos y servicios. Esta transformación ha sido especialmente notable en los últimos años, donde cada vez más transacciones se realizan a través de plataformas digitales, páginas web o aplicaciones móviles. Sin embargo, esta evolución también ha generado nuevos retos jurídicos que afectan directamente a la posición del consumidor en el entorno digital.
Por eso, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, queremos profundizar en este post en las realidades de la contratación electrónica.
Dónde se regula la contratación electrónica en España
En España, la contratación electrónica se encuentra regulada principalmente por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), y por el Real Decreto Legislativo 1/2007, que recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Estas normas recogen principios como la transparencia, la información previa a la contratación, la protección de datos y el derecho de desistimiento. A pesar de contar con una base legal sólida, el paso del entorno físico al digital ha generado ciertos vacíos y dificultades interpretativas que complican su aplicación práctica.
El problema de la falta de transparencia en la contratación electrónica
Uno de los principales desafíos que enfrenta el consumidor es la falta de transparencia en muchos procesos de contratación electrónica. A pesar de que la legislación exige información clara y comprensible, la realidad muestra un panorama muy distinto.
Contratos redactados en un lenguaje técnico, condiciones generales ocultas o poco accesibles, y el uso de técnicas de persuasión como los dark patterns dificultan que el consumidor pueda comprender de forma efectiva lo que está aceptando.
Esta falta de claridad compromete la validez del consentimiento prestado y debilita la posición jurídica del consumidor frente a la empresa.
La prueba del consentimiento en el entorno digital
En el ámbito físico, la firma manuscrita ha sido tradicionalmente una garantía de aceptación. En el entorno digital, sin embargo, la prueba del consentimiento puede ser mucho más difusa. Aunque existen herramientas como la firma electrónica avanzada, su uso no está generalizado.
En la mayoría de los casos, la contratación se formaliza mediante un simple clic que deja escasa constancia del contenido aceptado. Esta situación plantea dudas sobre la validez del consentimiento y sobre la carga probatoria en caso de conflicto, generando inseguridad jurídica.
Dificultades en la ejecución del contrato electrónico
Los problemas no terminan en la aceptación del contrato. Su ejecución también se ve afectada por particularidades del entorno digital. Es frecuente que los consumidores experimenten retrasos en la entrega, productos defectuosos o diferentes a los anunciados, o bien trabas injustificadas a la hora de ejercer su derecho de desistimiento.
Aunque este derecho está reconocido por la ley y permite al consumidor cancelar la compra en un plazo de catorce días sin justificación, muchas plataformas dificultan su ejercicio mediante procesos confusos, formularios poco intuitivos o incluso la ausencia de canales de atención al cliente eficaces.
Los contratos electrónicos internacionales
Otro de los retos más relevantes es la contratación con empresas situadas fuera del territorio español o de la Unión Europea. En estos casos, entran en juego cuestiones relacionadas con la jurisdicción y el derecho aplicable.
A pesar de que existen instrumentos europeos como el Reglamento (UE) 1215/2012 y el Reglamento Roma I, que intentan proporcionar seguridad jurídica, lo cierto es que el consumidor medio carece de los conocimientos y recursos necesarios para hacer valer sus derechos ante una empresa extranjera. Esto genera una clara situación de desprotección, especialmente cuando los proveedores se encuentran fuera del alcance de los mecanismos europeos de control.
Cómo actuar ante un conflicto en el marco de un contrato electrónico
En teoría, los consumidores cuentan con mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos como las Juntas Arbitrales de Consumo o el sistema europeo de resolución de litigios en línea (ODR). Sin embargo, su uso en la práctica es escaso.
La falta de conocimiento, la escasa accesibilidad digital o la baja eficacia percibida de estos instrumentos hacen que el consumidor opte por desistir de sus reclamaciones. Fomentar la mediación y el arbitraje online, así como facilitar el acceso a plataformas de reclamación eficaces, podría contribuir significativamente a mejorar la defensa de los derechos de los usuarios.
Por ello, en caso de ocurrir una problemática en la interpretación de un contrato electrónico, es necesario contar con asesoramiento de un despacho de abogados experto en derecho civil que pueda luchar por los intereses del consumidor.
Otras noticias de interés
Cuéntanos en qué podemos ayudarte
Información básica sobre Protección de datos Responsable: Emeybe Abogados; Finalidad: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a info@emeybeabogados.es o Avenida de la Constitución, 23 (Granada); Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.emeybeabogados.es.
