La irrupción de la tecnología blockchain ha dado lugar a una nueva forma de contractualización automatizada: los llamados contratos inteligentes. Programas basados en código que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen condiciones predeterminadas, los smart contracts abren vías eficaces para la automatización contractual. Sin embargo, su validez jurídica en el sistema legal español requiere un análisis integrado del derecho de contratos, las fuentes formales del Derecho y los desafíos tecnológicos subyacentes, por eso, desde el despacho de abogados de Granada, Emeybe abogados, vamos a tratar este tema tan actual.
Un contrato inteligente no difiere de un contrato tradicional en cuanto a exigencias: debe cumplir los requisitos del consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. El componente novedoso reside en que la ejecución es automática, inalterable y verificable a través de la blockchain.
Para que un smart contract tenga eficacia jurídica en España, debe estar basado en términos claros y cumplir con los requisitos formales cuando correspondan, por ejemplo, en contratos formales como compraventa de inmuebles, que sí exigen escritura pública. En estos casos, el smart contract puede constituir un mecanismo complementario o accesorio al contrato principal, facilitando pagos o condiciones de cumplimiento, mientras que la eficacia del fondo se ancle en un título jurídico válido.
El artículo 1281 del Código Civil español, que reconoce el valor de la prueba documental, abre la puerta a que los registros basados en tecnología blockchain se entiendan como prueba suficiente de los pactos y su ejecución, siempre que se acredite su fiabilidad e integridad.
Para asegurar su validez jurídica, los smart contracts deben reunir ciertas condiciones técnicas y jurídicas. Tiene que tener unas cláusulas claras y expresas, que definan de forma inequívoca los bienes, partes, condiciones de ejecución y consecuencias. Además, debe existir un consentimiento informado y voluntario, donde las partes comprendan la naturaleza automatizada y el alcance del contrato.
Por otro lado, debe haber una seguridad e integridad del código, redactado por profesionales competentes y revisado por una auditoría técnica —por ejemplo, especialización en finanzas descentralizadas, y una transparencia de ejecución y trazabilidad, la blockchain debe permitir verificar cuándo se ha ejecutado cada cláusula y quiénes intervinieron.
Todo ello, sumado al cumplimiento de normativa general: protección de datos (si aplica, por ejemplo en contratos con datos personales), transparencia en operaciones financieras, prevención de blanqueo de capitales, etc., si el contexto lo requiere.
El Tribunal Supremo acepta que una firma electrónica avanzada cumpla con los requisitos de forma cuando la ley exige que los contratos sean escritos, por lo que un smart contract podría ser viable si incorpora sistemas avanzados de firma y autenticación digital.
En el ámbito empresarial, los smart contracts han demostrado utilidad en diversos sectores:
En todos estos casos, el papel del abogado es asegurar que dicho contrato retire riesgos, cumpla con principios de equidad, permita auditoría externa y sea compatible con el orden público y normativa vigente, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado experto en derecho civil.
Pese a su potencial, los smart contracts presentan retos que aun no están salvados.
En primer lugar, es posible y común los llamados “bugs”, es decir, la vulnerabilidad del código, una serie de errores en el programa pueden provocar ejecuciones no esperadas que generan pérdidas patrimoniales difíciles de revertir.
Por otro lado, si el smart contract depende de datos externos se necesita garantizar que estas fuentes sean fiables y estén protegidas contra manipulaciones, pudiendo haber imprevistos.
Además, hay que contar con el vacío legal existente en el marco regulatorio español que aún no define de forma sistemática los límites y garantías asociadas a estos contratos.
Tampoco hay que olvidar que la naturaleza descentralizada de muchas blockchains plantea desafíos sobre la jurisdicción aplicable y los canales de resolución de conflictos.
Estas situaciones obligan a una labor preventiva: un smart contract debe ir acompañado de un contrato tradicional (o anexo), cláusula compromisoria para resolver controversias, definición clara del derecho aplicable y mecanismo de reversión en caso de anomalías.
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