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¿Es la justicia lenta en España? Te explicamos qué ocurre
¿Es lenta la Justicia en España?
En España, los juzgados se encuentran saturados y los procedimientos en consecuencia suelen alargarse de manera excesiva. Esta realidad convierte el impulso procesal en un factor decisivo para que los ciudadanos puedan ver sus derechos protegidos sin quedar atrapados en la lentitud institucional que tanto les perjudica.
Que es el impulso procesal
El impulso procesal no se limita únicamente a que un procedimiento avance, ya que supone que los órganos judiciales, los abogados y las partes, actúen con diligencia. Esto implicaría cumplir plazos, presentar pruebas en tiempo y forma, citar testigos… En la práctica ocurre lo contrario: autos que tardan meses en dictarse, testigos que no llegan a declarar debido a que el juzgado no los cita, escritos que esperan semanas a ser proveídos…todo ello generando por tanto un efecto dominó que frena el procedimiento y desgasta a los implicados.
Estado actual de la justicia
La Fiscalía ha calificado las demoras en grandes casos como una auténtica “lacra”, que favorece la prescripción de delitos, la pérdida de pruebas y que los acusados vean rebajadas sus penas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Por otro lado, en el ámbito civil, incluso mecanismos recientes como el procedimiento testigo (pensado para agilizar demandas idénticas o muy similares) dependen del impulso procesal del juzgado para que realmente sean efectivos.
El día a día judicial muestra un sistema donde lo habitual es la espera: vistas que han sido señaladas con años de retraso, resoluciones que nunca llegan y, como consecuencia, ciudadanos atrapados en una total incertidumbre.
Consecuencias de la falta de efectividad en los Tribunales
- Atenuante de dilaciones indebidas en los procedimientos penales: el artículo 21.6 del Código penal nos viene a decir que, un acusado puede ver reducida su pena en el caso de que el proceso se hubiese prolongado durante años sin ningún tipo de justificación. En el caso de que la atenuante fuese clamorosa, se podría aplicar incluso como atenuante muy cualificada, con reducciones aún mayores.
Esta atenuante se aplica siempre que la demora no fuese imputable al acusado y responde al derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas. En la práctica, el reconocimiento de esta atenuante ha supuesto rebajas bastante significativas de condena, incluso en el caso de delitos graves, generando gran polémica social.
- Pérdidas de derechos procesales en lo civil, debido a que la falta de efectividad en los tribunales genera una gran pérdida de oportunidades a la hora de proponer pruebas o citar a testigos, al igual que puede ocurrir que se llegue al archivo de la causa, por caducidad en la instancia, e incluso situaciones de indefensión al no poder contestar a notificaciones en tiempo y forma.
- Perjuicios económicos e incremento en costes: cada mes que trascurre con retraso genera bastantes gastos, siendo entre ellos los honorarios de los abogados, informes periciales que se repiten, tasas judiciales… además, en el caso de que una sentencia final impusiese indemnizaciones, el tiempo influye de forma directa, debido a que los intereses de demora serían mas altos, se produciría un agravamiento de daños morales o, incluso la pérdida de valor de bienes reclamados.
- La responsabilidad del estado: en el caso de que la falta de efectividad judicial fuese injustificada, puede abrirse la vía de la responsabilidad patrimonial del estado. Se han reconocido indemnizaciones a víctimas por demoras excesivas que alteraron la eficacia y el sentido de los procesos judiciales.
Como se podría activar el impulso procesal
Ante esta parálisis, las partes y los abogados deben:
- Solicitar autos de impulso: pedir al tribunal que señale vistas, admita pruebas o que resuelva escritos pendientes.
- Recurrir a procedimientos especiales, los cuales permitan tramitar con más rapidez asuntos que sean de cuantía o de contenido limitado.
- Reclamar la atenuante de dilaciones indebidas cuando corresponda, dentro del ámbito penal.
- Plantear la responsabilidad del Estado, en el caso de que existan demoras extraordinarias que hayan causado perjuicios graves.
El tiempo como una medida de calidad de la justicia
El tiempo no es un mero accesorio en el procedimiento judicial, de hecho, es el parámetro que mide la calidad de la justicia. Una sentencia tardía, un testigo que declara muchos años después, o una víctima que espera y espera sin respuesta, equivalen a un sistema que pierde eficacia, pero sobre todo legitimidad.
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